Hasta ahora, el sector turístico debía preocuparse de la Ocupación, vinculada con el ingreso medio y la estacionalidad. Ahora que la Ocupación es un grave problema -más concretamente, la baja ocupación– la industria turística tiene una nueva preocupación: La Okupación.

La estulticia de nuestros legisladores nos ha llevado a una dantesca y surrealista situación en la que no se protege la propiedad privada sino al delincuente que no la respeta. Nadie discute que si dejas tu bicicleta o tu coche aparcado en la calle, debidamente protegido e identificado, y un delincuente lo roba y empieza a utilizarlo, nos encontramos ante un acto delictivo que debe ser perseguido y que tiene como inmediata reparación la devolución de la bicicleta o el coche a su legítimo dueño.

Pero en algo tan importante como es un bien inmueble, tal lógica se rompe y los delincuentes campas a sus anchas. Y no que hay dejar que los populismos simplones e iletrados nos confundan. Una Okupación no tiene nada que ver con la problemática de un propietario con un préstamo hipotecario que falla en los pagos o un inquilino que tras años de pagar el alquiler comienza a impagarlo. En ambos casos nos encontramos con personas que ocupan el inmueble de buena fe, con un título legal, y cuyas circunstancias sobrevenidas determinarán la negociación de soluciones con el prestamista o con el arrendador, bajo el marco de normativas específicas.

La Okupación no es más que un acto delictivo, que debe exigir la intervención de las fuerzas del orden y del ministerio fiscal desde el momento en que es conocido y denunciado. Y la víctima del delito, el propietario del inmueble, tan sólo debe acreditar la propiedad del mismo a través del Registro de la Propiedad para poder recuperar la posesión del inmueble de forma inmediata y para que después siga su curso el proceso penal contra los delincuentes que okuparon el inmueble -y contra los que propiciaron la citada okupación-. Obviamente, si el propietario que denunciara la okupación hubiera ocultado una relación preexistente con quien ha denunciado que le habilitara para ocupar la vivienda, debiera afrontar un proceso penal por denuncia falsa.

La situación que afronta ahora España, con una drástica reducción de la demanda motivada por ser uno de los países del mundo que peor ha gestionado la crisis producida por el virus chino, es el caldo de cultivo perfecto para que las mafias de la okupación claven sus repugnantes garras en decenas de miles de alojamientos alternativos, tanto vacacionales como urbanos, contando en muchos municipios con la laxitud -o incluso aceptación- de los gestores municipales. En Barcelona se está haciendo realidad esa distopía, como sucedía en el Madrid de Carmena.

Si precisamente lo que defendemos desde el sector turístico es la profesionalización del alojamiento alternativo, con gestores profesionales que manejen bloques enteros de viviendas, utilicen tecnología equivalente a la del los hoteleros, mantengan similares estándares de limpieza y cumplan con todas sus obligaciones fiscales, mercantiles y laborales, la posibilidad de que queden indefensos ante el chantaje de los Okupas, que pueden condenar a la ruina a un edificio entero o incluso a una zona turística completa, es un error garrafal.

Por desgracia todo apunta a que ésta será una más de las múltiples reclamaciones realizadas desde el sector turísticos que los Políticos seguirán desoyendo, mostrando como siempre su desprecio a esta industria, que suponía el 15 por ciento del PIB de España. Después de esta crisis, ya veremos.

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